Robinson G.El debate sobre la pena de muerte en EE.UU. volvió a la primera plana después de un crimen que sacudió a la opinión pública. El asesinato de una joven ucraniana en Charlotte, Carolina del Norte, se convirtió en el ejemplo que el presidente Donald Trump utilizó para exigir un giro drástico en la política criminal del país.
Con un mensaje que apeló a la necesidad de “ley y orden”, Trump denunció la supuesta permisividad en ciudades gobernadas por demócratas y presentó su nueva directriz: la aplicación estricta de la pena capital en Washington D.C. La orden fue formalizada el 25 de septiembre mediante un memorando presidencial y un comunicado oficial de la Casa Blanca.
El asesinato en Charlotte: detonante de la medida
El caso que detonó la polémica fue el de una mujer de 23 años, refugiada de Ucrania, asesinada brutalmente en un tren de Charlotte. Según Trump, el atacante tenía un historial de 14 arrestos previos y seguía libre pese a su peligrosidad.
En su mensaje, el presidente mostró la fotografía de la víctima y la presentó como símbolo del fracaso de las políticas de “catch and release” que, según él, dominan en las ciudades demócratas. “No podemos permitir que un elemento criminal depravado siga propagando destrucción y muerte en nuestro país”, dijo.
La narrativa del caso reforzó su discurso sobre la necesidad de respuestas “con fuerza y dureza”, incluida la reactivación de la pena de muerte en EE.UU.
La orden presidencial y el memorando de la Casa Blanca
El mismo 25 de septiembre, la Casa Blanca publicó un memorando presidencial y un Fact Sheet que establecen un mandato claro para el Fiscal General y el fiscal del Distrito de Columbia. Ambos deben buscar la pena capital en todos los casos graves donde las pruebas lo justifiquen.
El texto ordena además que se privilegie la jurisdicción federal en aquellos delitos cometidos en Washington D.C. que sean elegibles para la pena de muerte. Con ello, Trump refuerza una estrategia iniciada desde su primer día en el cargo, cuando firmó la orden ejecutiva que restableció la aplicación de la pena capital a nivel federal.
Según la administración, esta medida es esencial para disuadir a los delincuentes más violentos y garantizar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces.
Washington D.C., epicentro de la cruzada
El enfoque de la medida está en la capital de Estados Unidos, ciudad que Trump ha descrito como un símbolo de decadencia y peligro. El Fact Sheet de la Casa Blanca destacó que en 2024 Washington D.C. registró una tasa de homicidios de 27,3 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país.
En los últimos meses, la administración ya había desplegado la Guardia Nacional, eliminado la política de fianzas sin efectivo y creado un grupo de trabajo para “hacer de la capital un lugar seguro y hermoso nuevamente”. Ahora, con la implementación de la pena de muerte en EE.UU., se pretende dar el golpe más fuerte contra los criminales reincidentes.
Trump presentó la decisión como un compromiso con la seguridad de quienes viven o visitan la capital, afirmando que “los peores criminales deben recibir el peor castigo”.
Reacciones y controversias
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones de derechos humanos han criticado la medida por considerar que vulnera principios básicos de justicia y abre la puerta a condenas irreversibles en un sistema con fallas comprobadas.
Juristas y legisladores del Distrito de Columbia también expresaron su preocupación, argumentando que la orden presidencial pasa por encima de la autonomía local y contradice la tendencia nacional de limitar la pena capital.
El debate se polarizó rápidamente entre quienes ven en la medida un acto necesario para recuperar la seguridad y quienes la consideran un retroceso en materia de derechos humanos.
El impacto político
Más allá de su aplicación inmediata, la orden sobre la pena de muerte en EE.UU. tiene un fuerte impacto político. Trump la presenta como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña: devolver la seguridad a los estadounidenses mediante mano dura contra el crimen.
La estrategia busca enviar un mensaje directo a los votantes preocupados por la violencia urbana, al tiempo que genera una nueva línea divisoria con sus opositores demócratas.
Con este paso, el presidente no solo refuerza su narrativa de “law and order”, sino que también abre un debate nacional sobre justicia, seguridad y derechos humanos que promete extenderse mucho más allá de Washington D.C.
