Robinson G.
La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, también conocida como jus soli, es un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución desde 1868. Este principio establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump intenta restringir ese derecho, desatando una batalla legal que ha tomado un nuevo giro con el uso de demandas colectivas.
Aunque Trump calificó como una “victoria monumental” un fallo reciente de la Corte Suprema que limita los mandatos judiciales universales, tribunales federales han comenzado a recurrir a las demandas colectivas como una estrategia alternativa para bloquear la medida. Esto ha reavivado el debate en torno a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y las formas legales de protegerla.
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
El concepto de ciudadanía por nacimiento está establecido en la Sección 1 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sometidas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen”.
Este principio fue incorporado tras la Guerra Civil como parte del esfuerzo para reconocer la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus descendientes. La Corte Suprema ratificó su aplicación en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), estableciendo que incluso los hijos de inmigrantes no ciudadanos nacidos en el país son estadounidenses.
¿Es ético el turismo de nacimiento en Estados Unidos?
Aunque la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un derecho constitucional, su aprovechamiento estratégico a través del llamado turismo de nacimiento ha generado controversia. Este fenómeno ocurre cuando mujeres embarazadas viajan al país, a menudo con visa de turista, con el objetivo deliberado de dar a luz en suelo estadounidense y así garantizar la ciudadanía del bebé.
Quienes critican esta práctica argumentan que distorsiona el espíritu de la Enmienda XIV, pensada originalmente para proteger a poblaciones vulnerables. También señalan que puede generar tensiones en los sistemas de salud locales y alienta desigualdades entre quienes pueden permitirse viajar y quienes no.
Otros defienden que no hay violación legal ni ética si se siguen los procesos migratorios vigentes. Además, recuerdan que los hijos de esas personas se convierten automáticamente en parte de la sociedad estadounidense, y que negarles ese derecho sería crear categorías de ciudadanos de “segunda clase”.
Como ocurre con muchos temas migratorios, el debate sobre el turismo de nacimiento no tiene respuestas simples. Pero sí revela hasta qué punto la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es una pieza clave del contrato social que define quién pertenece y quién no.
El intento de eliminarla: la orden ejecutiva de Trump
El 20 de enero de 2025, en su regreso a la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a los hijos de padres que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales. Esto incluiría a personas con visas temporales, algo sin precedentes en la historia moderna del país.
Diversos jueces han calificado la medida como inconstitucional. Aunque fue bloqueada por cortes inferiores, la administración de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita su aplicación parcial mientras se resuelve el litigio. De manera significativa, el gobierno ha centrado su estrategia no en la constitucionalidad del veto, sino en la limitación del poder de los tribunales para emitir amparos generales.
Demandas colectivas: el nuevo campo de batalla judicial
Luego de que la Corte Suprema restringiera los mandatos judiciales universales, los jueces inferiores han comenzado a aceptar demandas colectivas como vía legal para frenar medidas del Ejecutivo. A diferencia de los mandatos universales, las demandas colectivas requieren que los tribunales certifiquen que los demandantes representan a una clase definida y numerosa con reclamos comunes.
El juez federal Joseph N. Laplante, en Nuevo Hampshire, certificó una clase compuesta por niños nacidos en Estados Unidos de padres sin autorización o con estatus temporal. Emitió una orden preliminar que bloquea la aplicación de la orden ejecutiva a nivel nacional, en una decisión de 38 páginas que detalla cómo cumple con los cuatro criterios exigidos por la ley para este tipo de acciones colectivas.
Lo que está en juego en la Corte Suprema
Más allá del contenido de la orden ejecutiva, ahora también se debate si las demandas colectivas pueden usarse para frenar medidas presidenciales. Algunos jueces, como Brett Kavanaugh, han destacado su validez como herramienta adecuada para casos de gran alcance. Otros, como Samuel Alito, han advertido que un uso laxo de estas demandas podría revivir indirectamente los mandatos judiciales universales.
La decisión final podría redefinir no solo el alcance del jus soli, sino también los mecanismos legales para defenderlo. Por ahora, la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos sigue siendo un derecho vigente, aunque bajo constante escrutinio.
Referencias
La prohibición de la ciudadanía por nacimiento tiene un nuevo obstáculo: demandas colectivas
The New York Times en Español
Boundless Immigration
Enmienda XIV. Texto oficial que establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU
Constitución de los Estados Unidos
Carolina Gualteros
