Robinson G.
En Ibagué, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que ha convertido en el eje de su proyecto político y que en la opinión pública ya se conoce como la Constituyente de Petro. El anuncio tuvo lugar durante la Convocatoria por la democracia, la dignidad y la independencia nacional, celebrada en el parque Murillo Toro.
Desde allí, el mandatario propuso que el pueblo colombiano se ponga en “modo constituyente” para recoger 2,5 millones de firmas que impulsen la elección de una Asamblea Nacional Constituyente.
“Poder constituyente es que el pueblo decide y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó Petro, al plantear que no se trata de redactar una nueva Carta, sino de concretar reformas sociales como la agraria, la laboral y la climática. La propuesta, sin embargo, ha reavivado dudas jurídicas sobre su viabilidad.
Según el propio Petro, el proceso iniciaría con un comité promotor ciudadano, seguido de la recolección de firmas, la presentación de una ley reglamentaria y, finalmente, la elección de la Asamblea. Todo, en un plazo de apenas tres meses. Una hoja de ruta que, para expertos y opositores, desafía el marco constitucional vigente.
Las reglas del Congreso
Meses antes, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya había respondido a la idea de la Constituyente de Petro. En junio de 2025, advirtió que cualquier convocatoria de este tipo debe ajustarse estrictamente a la Constitución de 1991 y pasar por el Congreso de la República.
“La Constitución es clara: la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar por el Congreso”, afirmó Cepeda, quien calificó de inviable la idea de usar una papeleta ciudadana o un mecanismo paralelo para consultar al pueblo. Desde su perspectiva, no existe atajo posible para reformar la Carta Magna.
Su posición refleja el consenso entre los sectores institucionales: el poder constituyente no puede ejercerse al margen de la ley. Para ellos, la iniciativa presidencial reabre un debate sobre los límites entre la representación democrática y la acción directa del pueblo, en un momento de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Entre el mito y la maniobra
Diversos analistas han cuestionado la viabilidad de la Constituyente de Petro, señalando que su discurso confunde el simbolismo del pueblo soberano con un mecanismo legalmente inexistente. En su artículo La constituyente de Petro: el mito, la maniobra y el vacío, Razón Pública sostiene que la propuesta es “jurídicamente absurda, históricamente falsa y políticamente suicida”.
El texto recuerda que la llamada “octava papeleta” o el uso de firmas espontáneas no tiene respaldo normativo alguno: la Registraduría no podría contarlas ni el Consejo Nacional Electoral validarlas. La comparación con la Constituyente de 1991 también es imprecisa: aquella surgió en un contexto de crisis institucional y violencia, con respaldo legal excepcional.
El análisis también advierte que una Asamblea convocada en la situación actual podría tener efectos impredecibles: desde eliminar la Corte Constitucional hasta modificar el equilibrio de poderes. En ese escenario, el riesgo no sería una reforma social acelerada, sino un salto al vacío institucional.
Reformar o reafirmar
El propio Petro ha insistido en que su intención no es sustituir la Constitución del 91, sino hacerla cumplir. En su discurso, afirmó que lo que falta es concretar las reformas que “no se aprobaron en 30 años por culpa de los politiqueros y la gobernanza paramilitar”. La Constituyente de Petro, según su visión, sería un acto de reafirmación popular, no de ruptura.
Pero para los expertos constitucionalistas, cambiar la Carta para hacerla cumplir es una contradicción en los términos: la Constitución ya establece los mecanismos de reforma y participación popular. La tensión radica, entonces, entre la voluntad política de avanzar en reformas estructurales y los límites del Estado de Derecho.
El trasfondo político
Detrás del llamado a una Constituyente de Petro hay también una estrategia política. En un contexto de coaliciones fracturadas, reformas empantanadas y popularidad en descenso, el presidente busca mantener vivo su discurso transformador. La Constituyente se convierte así en una bandera para movilizar a su base y proyectar legado.
Sin embargo, la apuesta es riesgosa: las encuestas no garantizan mayoría para el petrismo en una eventual Asamblea, y el precedente chileno muestra que incluso los procesos más participativos pueden naufragar. Entre el ideal del pueblo soberano y la realidad del Congreso, la Constituyente de Petro parece, por ahora, una promesa más simbólica que institucional.
