Robinson Gualteros
La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad venezolana. Promulgada por el presidente Nicolás Maduro desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, la norma busca institucionalizar la participación del pueblo en las tareas de defensa mediante la creación de comandos civiles integrados al sistema militar. Con esta medida, el Gobierno afirma que consolida la “corresponsabilidad popular, militar y policial” frente a posibles amenazas internas y externas, dando forma a lo que denomina el ejército de civiles y militares en Venezuela.
En palabras del propio mandatario, la ley recoge la doctrina histórica bolivariana y zamorana, y fortalece el concepto de “defensa integral” como principio fundamental de la soberanía nacional. A su vez, otorga base jurídica a una estructura que articula a las fuerzas armadas, los órganos de seguridad y la sociedad civil en un mismo marco de acción, con un enfoque de movilización permanente que refuerza la idea del ejército de civiles y militares en Venezuela como una sola fuerza.
Una maniobra de escala nacional
En paralelo a la firma del nuevo instrumento legal, el Gobierno activó la fase superior del Plan Independencia 200, una operación de despliegue masivo de las fuerzas terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas en todo el territorio nacional. Según el comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, esta maniobra busca optimizar los sistemas de comando, control y comunicaciones ante cualquier escenario de amenaza.
La acción incluye la participación de la Milicia Bolivariana, los Comandos para la Defensa Integral y los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), los cuales fueron activados en todos los estados para coordinar la movilización nacional. De acuerdo con el ministro Vladimir Padrino López, se trata de una “demostración de cohesión y respuesta inmediata” que une el poder civil y militar bajo un mismo mando operativo, consolidando así el ejército de civiles y militares en Venezuela como elemento central de la defensa.
El refuerzo militar venezolano llega pocos días después de que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de Estados Unidos, ingresara al área del Caribe bajo el mando del Comando Sur. En ese contexto, la promulgación de la ley y el despliegue del ejército de civiles y militares en Venezuela se interpretan como una respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense en la región y a la tensión geopolítica que esta genera.
No es una nueva estrategia
Hace poco tiempo se conoció que civiles participaron en varios ejercicios de entrenamiento y simulación militar:
Doctrina bolivariana frente a presiones externas
Maduro reiteró que Venezuela es un pueblo pacífico, pero también “guerrero y capaz de todo”. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario señaló que la nueva ley representa un escudo frente a las “amenazas imperiales” y reafirma el derecho del país a defender su territorio con todos los medios disponibles.
El despliegue coincide con un momento de tensión regional y refuerza el mensaje de Caracas sobre la autonomía de su doctrina militar. Con la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, el Ejecutivo consolida un modelo de defensa que combina la participación popular con la estructura jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ampliando el papel de los civiles en la seguridad nacional y proyectando el ejército de civiles y militares en Venezuelacomo núcleo de su estrategia.
Una nueva etapa de defensa integral
Según el Gobierno venezolano, esta ley no solo regula los comandos civiles y su articulación con la FANB, sino que también busca crear un marco de acción coordinada ante desastres naturales, amenazas cibernéticas y bloqueos económicos. De este modo, la defensa se entiende como un esfuerzo colectivo, que trasciende lo militar y penetra todos los niveles del Estado.
La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación y el Plan Independencia 200 configuran, así, una doble estrategia: una legal e institucional, y otra operativa y territorial. Ambas apuntan a blindar el concepto de soberanía que Caracas ha situado en el centro de su discurso político y militar, con el ejército de civiles y militares en Venezuelacomo símbolo de esa defensa integral.
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