Robinson Gualteros
La noticia del rompimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México cayó como una bomba el 3 de noviembre de 2025. El detonante: el hallazgo de Betssy Chávez asilada en la embajada mexicana en Lima. Durante semanas, su paradero era un misterio. La ex primera ministra, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, había faltado reiteradamente a su juicio oral y no respondía llamadas. Su desaparición, según revelaron medios peruanos, generó alarma entre los magistrados de la Corte Suprema.
La revelación de que Chávez se encontraba bajo protección mexicana fue interpretada por Lima como un gesto de injerencia y una afrenta a la justicia nacional. El Comunicado Oficial 040-25 del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el hecho como “una violación inadmisible al principio de no intervención” y anunció el rompimiento total de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos.
Un nuevo gobierno, una decisión drástica
La medida fue firmada por el presidente José Jerí Oré, quien asumió el poder tras la vacancia de Dina Boluarte. En su primer gran acto de política exterior, Oré adoptó una postura firme, alegando que México había cruzado una línea diplomática que su gobierno no podía tolerar.
El comunicado peruano sostiene que la embajada mexicana notificó oficialmente el otorgamiento de asilo a Chávez, lo que, según Lima, demuestra una falta de respeto hacia su soberanía. El texto enfatiza que Perú actuará “con estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961” en el proceso de cierre de las misiones.
La versión de México: un acto humanitario, no político
Desde Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió casi de inmediato. En su comunicado oficial, expresó que lamenta y rechaza la decisión unilateral del Gobierno peruano, calificándola de “excesiva y desproporcionada”. México defendió el asilo concedido a Betssy Chávez como un acto plenamente amparado en el derecho internacional, particularmente en la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático.
El gobierno mexicano sostuvo que, conforme a esa convención, “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución es el Estado asilante”, y subrayó que el otorgamiento de asilo no puede considerarse un acto inamistoso. Además, reiteró su compromiso con el humanismo mexicano y su tradición de refugio a perseguidos políticos.
El trasfondo de una tensión prolongada
Las fricciones entre ambos países no son nuevas. Desde la destitución de Pedro Castillo en 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer plenamente al gobierno de Boluarte y mantuvo su respaldo al exmandatario. Aquello provocó reclamos sucesivos de Lima por supuesta “injerencia política”.
El caso Betssy Chávez siendo asilada activó ese conflicto latente. Para el gobierno peruano, el asilo diplomático es la culminación de una serie de actos hostiles. Para México, es simplemente la extensión de su doctrina histórica de protección humanitaria.
Un quiebre con impacto regional
La ruptura entre Lima y Ciudad de México representa el episodio más grave en las relaciones bilaterales desde la firma del Acuerdo de Integración de 1987. De inmediato, se suspendieron las actividades consulares y se previó la evacuación gradual del personal diplomático.
Mientras tanto, la situación judicial de Betssy Chávez permanece en suspenso. Lo que comenzó como un caso judicial ha terminado por abrir un nuevo frente diplomático que, por ahora, no tiene fecha de reconciliación.
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