Robinson G.
La denuncia de intervención de Trump en Colombia marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral. Tras la narcolancha hundida en el Pacífico, el presidente Gustavo Petro acusó al gobierno de Donald Trump de violar el derecho internacional y de utilizar la llamada “guerra antidrogas” como una herramienta política para favorecer a la extrema derecha en las elecciones de 2026.
El comunicado oficial de la Cancillería colombiana rechazó la destrucción de una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y exigió a Washington cesar estos ataques, recordando que deben respetarse las normas del derecho internacional. Paralelamente, Petro amplió su respuesta en un extenso mensaje en X, donde no solo cuestionó el enfoque militar de Trump, sino que también lo acusó de buscar influir en el proceso electoral colombiano.
Rechazo diplomático y acusación política
El Ministerio de Relaciones Exteriores fue enfático en su pronunciamiento: “Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional”. La Cancillería también insistió en resolver las diferencias “a través de los canales diplomáticos” y no mediante acciones militares unilaterales.
👉 También puedes leer: Trump llama “matón” a Petro y amenaza con medidas muy serias
Pero el discurso de Petro fue más allá. Aseguró que las acciones y declaraciones del mandatario estadounidense responden a un interés político directo: “La magnitud del insulto de Trump ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha”, escribió Petro.
Estrategia de control y soberanía
El mandatario colombiano defendió los resultados de su política antidrogas —2.800 toneladas de cocaína incautadas en tres años— y advirtió que el uso de misiles contra embarcaciones es una práctica que “rompe las normas del derecho internacional”. Según Petro, la intervención de Trump en Colombia busca desplazar los logros de su gobierno y reinstalar una visión militarizada de la región.
“Centrar la estrategia en arrojar misiles sobre lanchas no retiene el tráfico de cocaína y pone a EE. UU. por fuera del derecho internacional”, afirmó.
El presidente también subrayó que la mayoría de la cocaína se transporta ahora en buques mercantes y contenedores, y que su política se basa en inteligencia, cooperación y control portuario, no en bombardeos.
Un conflicto con impacto regional
Las declaraciones de Petro revelan un trasfondo más amplio: un intento de Estados Unidos por mantener su influencia política en América Latina. Según analistas, la nueva etapa de confrontación entre Trump y Petro refleja el choque entre dos modelos —uno centrado en la fuerza y otro en la soberanía regional— que podría reconfigurar alianzas diplomáticas en el continente.
“El actual gobierno de los EE. UU. parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños”, sostuvo Petro.
Con esta acusación, Bogotá busca posicionarse como un actor regional independiente, que defiende la cooperación internacional sin someterse a presiones externas. Mientras tanto, Washington mantiene su línea dura en el Pacífico y el Caribe, reforzando el discurso de seguridad que Trump ha llevado.
De la guerra antidrogas a la injerencia electoral
La intervención de Trump en Colombia no solo se percibe como una amenaza diplomática, sino también como un intento de influir en el rumbo político interno. Petro sostiene que el gobierno estadounidense pretende debilitar el movimiento democrático colombiano y facilitar “el triunfo de la extrema derecha” en 2026.
“Ahora piensan que debilitando el movimiento democrático de Colombia, podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela”, advirtió Petro.
El presidente colombiano insistió en que su gobierno seguirá colaborando en la lucha contra el narcotráfico, pero bajo una lógica distinta: “sin destruir la democracia ni intervenir en la política interna de los países socios”.
