Robinson G.
El Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, durante su visita oficial a China, donde sostuvo reuniones bilaterales con su homóloga He Rong en Pekín. Días después, desde Shanghái, Montealegre lanzo un comunicado cargado de simbolismo: una invitación a iniciar un proceso constituyente “social, autónomo y sin imposiciones imperiales”.
La declaración marcó el inicio formal de la propuesta del Gobierno para convocar al pueblo colombiano a decidir si quiere redactar una nueva Constitución. En el texto, Montealegre afirma que el país enfrenta un “bloqueo institucional” que impide el avance de las reformas sociales del Ejecutivo y que solo una Asamblea Nacional Constituyente podría destrabar ese estancamiento.
El documento, elaborado por el propio ministro y fechado el 23 de octubre de 2025, fue publicado oficialmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, estableciendo los fundamentos jurídicos, los límites y la composición de la eventual Asamblea.
Una Constituyente con 71 delegatarios “sociales y diversos”
El proyecto plantea una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por 71 delegatarios, elegidos por voto popular, que representarían sectores sociales y étnicos del país. La mitad de los cupos correspondería a mujeres, garantizando una integración paritaria.
Entre los grupos contemplados están los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, víctimas del conflicto armado, sindicatos, comunidades LGBTIQ+, madres cabeza de familia, jóvenes, raizales, palenqueros, el pueblo Rrom y los colombianos en el exterior. Cada grupo presentaría sus propias listas de candidatos ante la autoridad electoral.
Montealegre describe esta composición como una “Constituyente social y plural”, destinada a construir “instituciones del siglo XXI” que respondan a las demandas de inclusión, justicia y dignidad humana que —según el Gobierno— la Constitución de 1991 no ha logrado materializar.
Los poderes extraordinarios del presidente
El punto más polémico del Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia aparece en el parágrafo del artículo 2. Allí se establece que el presidente de la República recibiría facultades extraordinarias por seis meses para expedir normas “con fuerza material de ley”. Esas normas definirían los requisitos de los delegatarios, la definición de cada grupo social y el mecanismo democrático interno que cada sector utilizaría para conformar sus listas.
En la práctica, eso otorgaría al Ejecutivo un papel decisivo en la reglamentación de la Asamblea, una función que tradicionalmente pertenece al Congreso o a los organismos electorales. El Ministerio de Justicia sostiene que estas facultades serían necesarias para garantizar la inclusión de todos los sectores sociales y evitar vacíos normativos en la convocatoria.
Críticos potenciales podrían considerar que esta delegación amplía la influencia del Ejecutivo sobre el proceso constituyente, aunque el texto no revoca al Congreso ni modifica sus funciones antes del referendo popular.
Reformar toda la Constitución: el alcance de la propuesta
El proyecto es explícito: la Asamblea tendría competencia para reformar la totalidad de la Constitución Política, con límites claros. No podría revocar al Congreso, ni contradecir tratados internacionales de derechos humanos, ni retroceder en materia de derechos fundamentales o sociales.
En caso de aprobarse la ley en el Congreso y superar el control previo de la Corte Constitucional, los colombianos votarían en un referendo con dos preguntas:
- Si aprueban convocar la Asamblea bajo las características propuestas.
- Si autorizan que dicha Asamblea tenga competencia plena para reformar toda la Carta.
La Asamblea sesionaría durante tres meses, treinta días después de la elección de sus delegatarios. Su misión: redactar un nuevo texto constitucional que sustituya la Carta de 1991, manteniendo los principios del Estado social de derecho.
Las razones detrás del cambio
En su exposición de motivos, Montealegre argumenta que la actual Constitución se ha vuelto insuficiente para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Identifica la falta de garantías sociales —como el derecho al trabajo, la salud y la vivienda—, la débil autonomía de los pueblos indígenas y la incapacidad institucional para combatir la corrupción o enfrentar el cambio climático.
El ministro cita al jurista Hermann Heller y al politólogo Giovanni Sartori para sostener que el presidencialismo colombiano ha generado un sistema “frágil e ineficiente”, que bloquea las reformas. En su visión, la nueva Constitución debería fortalecer la participación ciudadana, redistribuir el poder político y dotar al Estado de herramientas efectivas para cumplir su función social.
Desde su perspectiva, el “bloqueo institucional” del Congreso ha impedido debatir y aprobar transformaciones estructurales, como la reforma a la justicia, la política monetaria o la creación de un tribunal de cuentas que combata la corrupción de manera preventiva.
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Un debate que apenas comienza
El Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia aún no ha sido radicado oficialmente en el Congreso, por lo que se encuentra en etapa de socialización. Sin embargo, su publicación abre un debate profundo sobre los límites del poder presidencial, la viabilidad jurídica de convocar una nueva Asamblea y el futuro de la Constitución de 1991.
Por ahora, el Gobierno ha presentado el documento como una base para la deliberación nacional, invitando a sectores sociales, académicos y políticos a pronunciarse. De avanzar, sería uno de los procesos constitucionales más trascendentes en la historia reciente de Colombia.
Homero Sanchez
